El 19 de octubre de 2017, el Congreso de Diputados de España aprobó, por fin, la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (en adelante, LCSP) con la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas Europeas de 2014 (2014/23 / UE y 2014/24 / UE). La Ley aprobada entrará en vigor el 9 de marzo de 2018.
La nueva LCSP deroga expresamente el Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, pero no la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que seguirá en vigor hasta que se apruebe la nueva Ley que transponga la Directiva Europea 2014/25 / UE (en tramitación).
A grandes rasgos, el texto aprobado abandona una visión burocrática de la contratación pública para implementar, ahora sí, un modelo de Contratación Pública basado en los principios de Transparencia y Eficiencia.
Como principales novedades de la nueva Ley, cabe destacar:
– La simplificación de la burocracia para los licitadores y medidas para apoyar las pymes.
– La creación de la figura del Responsable del contrato (persona funcionaria o trabajadora pública).
– Nuevos importes para la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada (Obras: hasta 40.000 euros; Servicios y Suministros: hasta 15.000 euros).
– Incluye, en los contratos, consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo.
– Se regulan las consultas preliminares del mercado.
– Se regula el procedimiento simplificado.
– Se regula, más exhaustivamente, la figura del Perfil del contratante.
– Desaparece la figura del contrato de gestión de servicios públicos y, en su lugar, se crea la figura de la concesión de servicios.
– Se regula el procedimiento abierto simplificado en el contrato de obras (VEC hasta 2 millones de euros) y en los de servicio y suministro (VEC hasta 100.000 euros)
– Se crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación, que podrá emitir recomendaciones.
Sería deseable que, la nueva Ley, contribuya a una adecuada articulación de la política de contratación pública, ayude a mejorar la productividad del sector económico y facilite, de una vez por todas, el acceso de las pymes a la contratación pública.
D. Jordi Cugat
Departamento de Derecho Administrativo
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